Un grupo significativo de jueces y fiscales adhiere en los últimos tiempos a una posición ideológica denominada "abolicionismo". Para argumentar a su favor, parten de un sofisma: reemplazan la palabra "sanción" por la palabra "castigo".
Es cierto que hoy día casi nadie quiere
"castigar" a sus semejantes; pero la inmensa mayoría de los
ciudadanos requiere que quienes delinquen -atentando contra su vida, su
integridad física o su libertad- sean excluidos de la sociedad: a la violación
de su obligación de respetar la vida, la integridad física y la libertad de sus
semejantes corresponde la privación de un bien propio -la libertad- no como
castigo, sino como medida para salvaguardar a sus víctimas. En otras palabras,
ya no interesa castigar al delincuente, sino evitar que siga perjudicando a los
demás ciudadanos.
Refiriéndose a la pena privativa de libertad -de la
que no es partidario-, un fiscal dijo: "no conocemos una solución distinta
en el momento que nos ha tocado vivir". Ante este reconocimiento, no se
entiende su oposición a aplicar la solución conocida: suena como un cirujano
que extirpara a disgusto un apéndice porque no conoce una solución mejor que
podría descubrirse en el futuro.
Presentan a la pena como un mecanismo de exclusión
social, pero aquí no se trata -como alegan- de un montón de sectores sociales,
sino de individuos determinados que provocan daños a sus semejantes: lo prueba
el hecho de que la inmensa mayoría de los pobres no delinque. Alegan también
que la pena de prisión no soluciona por sí misma el problema. Es cierto que lo
que pasa en la realidad es un asunto muy complejo que no tiene solución por vía
de un código penal, y nadie se opone a que se busquen las soluciones en los
ámbitos adecuados; pero esto no debe servir de excusa para negar la posibilidad
de proteger la vida de los ciudadanos.
Recurren reiteradamente a argumentos falsos: el Código
Penal, dicen, debe servir antes que nada, no para castigar a quien infringe la
ley, sino para proteger al ciudadano del poder punitivo del Estado. Con esa
respuesta reprobarían un exámen en cualquier facultad de derecho, pues es
sabido que el que protege al ciudadano del poder punitivo del Estado es el
Código de Procedimiento Penal en cuanto regula las garantías de defensa en
juicio. Esta supuesta confusión tiene por objeto que la ley, además de proteger
el derecho del imputado a defenderse en juicio, proteja el derecho del
delincuente a seguir delinquiendo.
También son intelectualmente desleales al plantear la
dicotomía "sanción/derechos individuales": se trate de sancionar al
culpable o de proteger los derechos del inocente, a los jueces les corresponden
ambas tareas, y no les asiste el derecho de privilegiar a la una sobre la otra.
Quienes no quieran aceptar este sistema, pueden proteger los derechos de sus
clientes ejerciendo defensas penales, o buscar la sanción de los delitos
patrocinando a los damnificados, pero siempre desde la práctica privada; el
Estado no tiene por qué pagarles un sueldo para que hagan realidad sus
preferencias ideológicas disponiendo a su arbitrio del poder punitivo que a
aquel le corresponde.
Por otra parte, estos argumentos resultan funcionales
a determinados sectores de la Justicia: jueces que no quieren complicarse la
vida, funcionarios que no quieren gastar en seguridad, policías que tratan de
trabajar lo menos posible o de proteger a los delincuentes mediante zonas
liberadas, etc. Solo así puede entenderse por qué, en una sociedad que se
presume democrática, un grupo que detenta un poder supuestamente otorgado por
los ciudadanos insiste en ir en contra de la manifiesta voluntad de las mayorías.
Y quienes estamos a favor de la inclusión social
quedamos entrampados en una democracia que limita nuestras opciones a votar a
un proyecto nacional y popular que incluye a esta justicia que no queremos, o
apoyar a disgusto a sectores reaccionarios que gobernaron en las etapas mas
oscuras de la historia nacional.
No soy partidario de la crítica que no aporta
soluciones, así que me permito sugerir que, si queremos vivir en una sociedad
realmente democrática, en determinados temas que hoy se encuentran en manos de
minorías con poder -la seguridad, el aborto, etc.- exijamos la convocatoria a
plebiscito; este instrumento de la democracia directa resulta necesario para
resolver ciertas cuestiones de la sociedad en las que los políticos son
incapaces de reflejar la voluntad popular.
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