Quiénes son los responsables de la decadencia del imperio americano

 

Detrás de las corporaciones y los fondos de inversión siempre hay personas con nombres y apellidos que acumulan el poder económico y político de ciertas decisiones. Cuando se rasga la superficie de los grandes fondos como BlackRock o Vanguard, aparecen los directores ejecutivos de las corporaciones beneficiadas por los subsidios y contratos de defensa, los principales gestores de fondos de Wall Street y los políticos en Washington que aprueban las leyes mientras manejan acciones de esas mismas industrias. Aquí están los nombres y apellidos de los verdaderos ganadores de esta política de bloqueo:

Los CEOS de las corporaciones subsidiadas (los reyes del dinero estatal) son los ejecutivos que reciben directamente los miles de millones de dólares en subsidios gubernamentales (como la Ley CHIPS) para levantar la industria local, independientemente de si sus empresas son eficientes o no frente a China:

• Pat Gelsinger (CEO de Intel): Es el mayor beneficiario individual de la política de subsidios tecnológicos en EE. UU. Ha asegurado miles de millones de dólares en dinero público para la construcción de megafábricas de semiconductores en Ohio y Arizona bajo la premisa de la "seguridad nacional".

• Kathy Warden (CEO de Northrop Grumman) y Christopher Calio (CEO de RTX / Raytheon): Son las cabezas de los gigantes de defensa. Sus ingresos personales, bonos y el valor de sus acciones están directamente ligados al aumento del gasto militar para contrarrestar la "amenaza china". Cada vez que el Pentágono exige nuevos sistemas de defensa con inteligencia artificial o misiles, sus corporaciones se llevan los contratos principales.

Los arquitectos políticos (y sus carteras de inversión): En Estados Unidos, las leyes permiten que los congresistas compren y vendan acciones de empresas privadas, lo que genera un conflicto de intereses evidente. Ellos diseñan las restricciones a China y, al mismo tiempo, sus familias se benefician en la bolsa:

• Tommy Tuberville (Senador por Alabama): Es uno de los políticos más activos de Washington en la compra y venta de acciones individuales. Ha estado constantemente bajo la lupa por operar con acciones de empresas de infraestructura y contratistas de defensa (como Northrop Grumman y firmas de semiconductores) mientras integra comités clave del Senado que definen el presupuesto militar.

• Josh Gottheimer (Representante por Nueva Jersey): Es otro de los legisladores con un volumen brutal de transacciones financieras. Su historial revela movimientos constantes en empresas tecnológicas (incluyendo compras en rivales de NVIDIA como AMD e Intel) justo en los períodos en que el Congreso debate regulaciones, bloqueos comerciales y subsidios federales.

Los dueños del capital en Wall Street: Detrás de Intel, Lockheed Martin, Raytheon y Northrop Grumman no hay un dueño único, sino fondos de inversión. Pero esos fondos responden a personas específicas que dictan la política financiera del mundo:

• Larry Fink (CEO y fundador de BlackRock): BlackRock es el principal accionista institucional en prácticamente todas las empresas de la lista de ganadores. Fink es el hombre que maneja más de 10 billones de dólares en activos. Cuando Washington bloquea el mercado global y subsidia sectores locales, el capital de BlackRock se reacomoda hacia la defensa y el reshoring norteamericano, aumentando su control sobre la economía estadounidense.

• Mortimer J. Buckley (quien lideró el rumbo de Vanguard hasta hace poco): Junto a la actual cúpula directiva de Vanguard, representa el otro gran bloque de propiedad. Vanguard posee alrededor del 7% al 9% de casi todos los contratistas militares y tecnológicos de EE. UU. Estas personas influyen directamente en los consejos de administración de las empresas para que sigan presionando por políticas que aseguren el flujo de dinero estatal.

El entramado corporativo es una cortina de humo. Al final del día, los beneficiarios reales son un grupo selecto de ejecutivos como Gelsinger o Warden, que justifican sus bonos con dinero del Estado; políticos como Tuberville o Gottheimer, que aprovechan la información privilegiada de sus cargos; y financieros como Larry Fink, que ganan dinero tanto si el mercado es libre como si está hiperregulado. Mientras el futuro tecnológico a largo plazo se pone en riesgo, ellos firman los balances con ganancias históricas hoy.

El hecho de que los principales medios de comunicación en Estados Unidos no pongan el grito en el cielo ni expongan con agresividad este entramado no es un misterio; responde a dinámicas estructurales de cómo funciona el poder y el negocio de la información. El periodismo tradicional no muerde la mano de quien le da de comer. Cuando se analiza quiénes son los dueños de los medios, de dónde viene su publicidad y quiénes financian a sus expertos, se entiende por qué la narrativa del bloqueo y la "amenaza china" nunca se cuestiona a fondo.

El panorama de medios en EE. UU. ha sufrido una consolidación masiva. Ya no existen cientos de periódicos o canales independientes; hoy, el consumo de información está controlado casi en su totalidad por un puñado de gigantes corporativos (como Comcast, Walt Disney, Warner Bros. Discovery o Paramount Skydance). Estos gigantes mediáticos pertenecen a los mismos fondos de inversión tradicionales de Wall Street que mencionamos antes (como BlackRock y Vanguard). Si un periodista de una cadena importante decide hacer una investigación profunda sobre cómo la Ley CHIPS o el presupuesto del Pentágono están enriqueciendo ilícitamente a los ejecutivos de la defensa o de los semiconductores, está atacando directamente el portafolio de inversiones de los dueños de su propio canal.

El truco de los "expertos" y los think tanks financiados: Invitan a un "experto" de un centro de pensamiento (think tank) de Washington (como el Center for Strategic and International Studies o el Atlantic Council). Lo que el espectador común no sabe es que estos influyentes centros de pensamiento reciben millones de dólares anuales en donaciones directas de contratistas del Pentágono como Northrop Grumman o Lockheed Martin. El experto que sale en televisión exigiendo posturas más duras contra China no está dando una opinión neutral; está validando una narrativa que asegura el flujo de dinero para sus propios patrocinadores, y el medio rara vez expone ese conflicto de intereses.

En la cultura política de Estados Unidos, cuestionar la estrategia de seguridad nacional del gobierno en un tema tan sensible como China se penaliza comercialmente. Si un medio importante adopta una postura crítica y dice: "Nuestras sanciones están obligando a China a superarnos y la política de Washington es un fracaso cobarde", la oposición y los grupos de presión lo etiquetarán inmediatamente de "antiestadounidense" o "propagandista de Pekín". Ninguna cadena de televisión o periódico quiere perder anunciantes ni suscripciones por ser percibida como "blanda" en la defensa de los intereses nacionales. Es mucho más rentable y seguro alinearse con el relato del pánico geopolítico.

Existen medios de investigación independientes, periodistas financieros especializados y organizaciones críticas (como el Quincy Institute for Responsible Statecraft) que publican constantemente bases de datos y reportes destapando el dinero sucio y los conflictos de interés de los congresistas y los contratistas militares. El problema es que esas investigaciones se quedan en nichos de internet y medios alternativos. Nunca llegan al horario estelar de la televisión ni a las portadas de los diarios más leídos, porque el sistema está diseñado para que el ruido de la maquinaria de los subsidios y la narrativa oficial ahogue cualquier intento de autocrítica real.

CIRCO JUDICIAL EN BRASIL

El desapego a la ley, el autoritarismo y el bajo nivel de los jueces no es un fenómeno que afecta únicamente a Argentina; ha quedado en evidencia que esto también sucede en Brasil. El caso de la turista argentina detenida bajo la acusación de haber tenido expresiones racistas en un episodio que se presenta bastante dudoso permite analizar la conducta del juez interviniente.

Supuestamente ese cargo exige para su desempeño que este funcionario tome una decisión ante un caso fundándose en las pruebas obrantes en el expediente y en la aplicación de la ley y de los principios generales del derecho. En otras palabras, debe tener en cuenta las alegaciones de la acusación en la misma medida de las que la imputada, y debe aplicar tanto las normas que fundamentan la acusación como las que favorecen a la defensa. En el caso de autos se trata de una injuria provocada por tres agresores, y esta circunstancia según la ley debe disminuir y en algunos casos impedir la condena, y  amerita una investigación sobre actitudes de los denunciantes que también pueden ser delito. Pero el juez de autos, en vez de apegarse a la ley y fallar conforme a derecho exige una disculpa de la imputada; no lo hace públicamente porque quedaría en evidencia ya que el pedido de disculpas no está fundado en ninguna norma y por lo tanto no es legalmente exigible. En consecuencia el funcionario deja trascender que atenuaría la pena ante una actitud genuflexa de la imputada.

Hasta aquí tenemos un juez que se excede en sus funciones para demostrar su poder, lo que ya es cuestionable. Pero lo más grave es que todos se ven obligados a entrar en su juego. La abogada, en lugar de ejercer su función que es la defensa técnica de la acusada le sugiere que acepte la condición injustificada que fija el juez. Ningún medio de comunicación argentino cuestiona la inusual propuesta y la mayoría la apoya. Un expresidente argentino, profesor de derecho penal, se comunica con un funcionario influyente de Brasil y este le manifiesta claramente la condición que impone el juez y promete la atenuación de la sentencia si la acusada la cumple. Esta actitud del gobierno brasilero no está motivada por la conmiseración o por la amistad entre dos funcionarios: una condena que según el punto de vista de los argentinos fuera demasiado severa para ese tipo de delito afectaría al turismo que en la actualidad deja una importante cantidad de divisas en el país limítrofe. La cuestión se resuelve en una forma que todos ganan: el juez demuestra autoridad, la tarea de la abogada se facilita, la gestión oficiosa beneficia la imagen de los funcionarios de ambos países, el turismo no se resiente y la acusada recibe una pena atenuada que le permite regresar a su país.

 La objeción que se puede hacer está relacionada con el tema de la justicia; esta ha sido definida como un "ideal irracional" debido a que, a nivel individual cada ciudadano tiene su propia opinión sobre lo que es justo y lo que no -que  no necesariamente deriva de una reflexión correctamente razonada- y que a nivel colectivo surge de un consenso en el que la ciudadanía se expresa sobre lo que considera  injusto a través de la ley. Cuando un juez se aparta de ella, su sentencia no es justa, independientemente de su opinión personal y de las cuestiones extrajurídicas que puedan influir en el fallo.

La generalización de este proceder de los jueces y la tolerancia de la sociedad ante este fenómeno son la causa de la inseguridad jurídica que afecta a todos los estamentos: basta recordar que un ciudadano declarado culpable por los estratos más altos de la justicia brasileña hoy en día es el presidente del país.

Caso HKN

 Paciente mujer que refiere conductas sexuales y de pareja cíclicas y reiteradas. Relata que inició su actividad sexual en una etapa muy temprana de la preadolescencia. Esta se caracterizó por su promiscuidad, teniendo múltiples relaciones sexuales con diversos sujetos de variadas edades. Durante su adolescencia las parejas relativamente estables que formó fueron todas conflictivas y de poca duración, caracterizándose por provocar enojos a sus ocasionales compañeros y agredirlos en algunas ocasiones. A lo largo de su vida experimentó todo tipo de relaciones sexuales (lesbianismo, tríos sexuales, relaciones incestuosas y otras que no relata).  A pesar de que no recuerda ningún caso puntual, supone que ha sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Con sus parejas estables siempre ha sido infiel al punto de poner en duda la paternidad de sus hijos. Sus elecciones de pareja se centraron en sujetos dispuestos a tolerar o padecer sus infidelidades. En sus relaciones estables significativas adquiría un compromiso relativamente serio y manifiesta haber estado enamorada de estos sujetos. En todas ellas en un momento determinado buscaba otros compañeros a fin de mantener relaciones sexuales. Aparentemente estos episodios intensificaban sus sentimientos por su pareja oficial a la vez que potenciaban su excitación sexual. También refiere haber experimentado el sentimiento de que comete sus infidelidades "en beneficio" de las parejas a las que engaña, llegando en algún caso a expresarlo con la frase "lo hago por vos" como si fuera un sacrificio que sin embargo le produce una intensa excitación sexual: esto configura un goce desde el punto de vista lacaniano. Desde la psicología clásica se podría presumir que esta conducta que sería calificada de perversa tiene su origen en ciertas modalidades particulares de la relación entre sus padres y se debe a una identificación inconsciente con la figura de su madre. Actualmente ha sistematizado este método que aparentemente la satisface y le permite mantener un cierto tipo de equilibrio interno, y parece asumir el costo que representan las complicaciones que todo esto le genera al tener que soportar las recriminaciones y enojos de su pareja oficial a causa del goce que éstos le generan.

Lavado de dinero de origen ilícito en el sector inmobiliario

 

El proceso de integración de dinero proveniente del lavado de activos en el sector inmobiliario es una de las etapas más críticas y complejas del blanqueo de capitales. Los delincuentes utilizan bienes raíces porque son activos tangibles, de alto valor y suelen tener una valorización estable, lo que permite "limpiar" grandes sumas de dinero de una sola vez.

Este proceso generalmente se divide en tres etapas fundamentales: colocación, estratificación e integración.

1. Colocación (Placement)

Es el paso inicial donde el "dinero sucio" entra por primera vez en el sistema legal. En el sector inmobiliario, esto puede ocurrir de varias formas:

Pagos en efectivo: Se utiliza dinero en metálico para pagar depósitos, adelantos o reformas estructurales.

Fraccionamiento (Smurfing): Realizar múltiples depósitos bancarios pequeños para no levantar sospechas en las entidades financieras antes de emitir un cheque para la compra.

2. Estratificación o Enmascaramiento (Layering)

Esta es la fase más compleja. El objetivo es crear una red de transacciones para ocultar el origen ilícito y distanciar el dinero de su fuente original.

Empresas fachada: Se utilizan sociedades pantalla (cascarón) o fideicomisos, a menudo registrados en paraísos fiscales, para realizar la compra.

Préstamos "Back-to-Back": El lavador deposita dinero ilícito en un banco extranjero y luego solicita un préstamo legal usando ese dinero como garantía para comprar la propiedad.

Manipulación de precios: Se declara un precio de venta inferior al real en las escrituras, pagando la diferencia "bajo la mesa" con dinero negro. Al vender la propiedad más adelante por su valor real, el excedente aparece como una ganancia de capital legítima.

3. Integración

Es la fase final donde el dinero, ahora invertido en una propiedad, aparece como legítimo y puede ser utilizado sin riesgo.

La fase de integración es la etapa final y más sofisticada del proceso de lavado de activos. En este punto, el dinero —que ya ha sido "estratificado" a través de múltiples transacciones para ocultar su origen ilícito— se reintroduce en la economía legal bajo una apariencia de total legitimidad.

Cuando se utilizan bienes inmuebles, la integración busca que el criminal pueda disfrutar de la riqueza o utilizarla para financiar actividades legales sin levantar sospechas de las autoridades.

1. La Venta del Activo "Limpio"

La forma más común de integración es la enajenación de la propiedad.

El lavador vende el inmueble que previamente compró con fondos de origen dudoso (o mediante empresas fachada).

Al recibir el pago del comprador (que puede ser un tercero de buena fe), el dinero entra en la cuenta bancaria del lavador como el producto de una transacción comercial legítima.

Ese capital ahora cuenta con un comprobante legal (escritura de venta) que justifica su origen ante cualquier entidad financiera.

2. Generación de Rentas Legales (Alquileres)

El inmueble se pone en el mercado de arrendamiento. Los ingresos mensuales por concepto de alquiler se depositan en el sistema financiero.

Estos flujos de caja se reportan como ingresos por rentas, permitiendo que el dinero sucio "se mezcle" con la rentabilidad real del mercado inmobiliario.

A menudo, se utilizan inquilinos ficticios o se inflan los precios de renta para bancarizar mayores sumas de dinero.

3. Préstamos de Garantía Hipotecaria (Back-to-Back)

Esta es una técnica avanzada donde el lavador utiliza el inmueble (ya integrado o en proceso) como colateral para solicitar un crédito bancario.

El banco otorga un préstamo real garantizado por la propiedad.

LA GUERRA DIFUSA DE BAJA INTENSIDAD

 

La guerra, entendida como la situación en el que un país ataca o agrede a otro, ha evolucionado a través del tiempo. Antes de la segunda guerra mundial existía una regla no escrita por la cual el estado que iniciaba una guerra tenía la obligación moral de declarar tal intención al estado al que iba a agredir. Durante la segunda guerra esta norma fue violada tanto por Alemania como por Japón. Ante los terribles estragos que causaron las dos guerras mundiales, las potencias vencedoras que terminaron resultando adversarias (Estados Unidos y sus aliados por un lado, y la Unión Soviética y sus países satélites por el otro) llegaron a la conclusión de que una guerra directa y frontal entre dichos bandos traería más perjuicios que beneficios a ambas partes, sea que ganaran o perdieran la contienda. Esta idea resultó reforzada por la creación de las armas atómicas, cuyo alto poder destructivo en determinado momento creó el riesgo de la destrucción total de ambos contendientes. Aunque ya antes de la Segunda Guerra Mundial las potencias más importantes apoyaban a contendientes en las guerras que se iniciaban entre los países periféricos (guerra del Chaco, Guerra Civil Española, etc.) sin verse involucrados en forma directa, durante la Guerra Fría esta pasó a ser una modalidad que se dio en todos los conflictos bélicos. Si Estados Unidos apoyaba a un bando la Unión Soviética apoyaba al otro y viceversa. La guerra de Corea comienza esta escalada y el sistema se mantiene sin cambios hasta la guerra de Vietnam. Entonces Estados Unidos decide intervenir en el conflicto en forma directa mientras la Unión Soviética y China apoyan al bando comunista mediante la provisión de armas, aviones, etcétera. La novedad más importante es que en esta guerra Estados Unidos es derrotado. Este fenómeno se repite durante la invasión a Afganistán de parte de la Unión Soviética, que también acaba sufriendo una derrota. 

Debido a estas experiencias Estados Unidos continúa usando las tácticas de la Guerra Fría: hacer que un país ataque a otro cuando este último no cumple las expectativas de la primera potencia mundial, o fomentar golpes de estado para reemplazar a los gobernantes legítimos de esos países por gobiernos títeres. 

Estos métodos son en la actualidad muy conocidos, pero hay otra forma en la que Estados Unidos ataca a ciertos países: es la que se puede denominar denominar la guerra difusa de baja intensidad.

Los Estados Unidos prestan su apoyo al partido político que resulta más permeable a su influencia en el país en cuestión. Ya no lo imponen como gobierno mediante golpes de estado organizados por los militares, sino que promueven un "golpe institucional": este es la destitución de un gobierno elegido a través de medios legales o cuasi-legales, a menudo involucrando a diferentes poderes del Estado, como el poder judicial o el legislativo, en lugar de una toma militar directa. 

A diferencia de los golpes militares, los golpes institucionales buscan legitimar su accionar a través de interpretaciones legales o procedimientos que, aunque cuestionables, no implican una ruptura total del orden constitucional.

Pueden involucrar al poder judicial, al parlamento o a otros actores institucionales en la destitución del gobierno.

La destitución de Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas, es un ejemplo de golpe institucional.

El juicio político y destitución del presidente Fernando Lugo, acusado de mal desempeño de sus funciones, también es considerado un golpe institucional. 

En lo que va del siglo XXI, se llevaron a cabo con éxito golpes de estado en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019).

En algunos casos los partidos políticos que son apoyados y se encuentran bajo la influencia de Estados Unidos han llegado al poder mediante elecciones democráticas. En Argentina se pueden citar los casos de los presidentes Carlos Menem. Mauricio Macri y Javier Milei.

En todos los casos los integrantes de estos partidos que llegan al poder son una pieza esencial para desarrollar varias agresiones sobre el país del que se trate: sus políticas no se limitan a fomentar la dependencia de los Estados Unidos,  sino que cumplen la misión de neutralizar, atacar o destruir cualquier institución o iniciativa que permita o genere algún progreso o mejora en el país.

Hoy en día, el concepto más preciso para describir la estrategia de confrontación "disimulada" que utiliza Estados Unidos (y otras grandes potencias) es la Guerra Híbrida.

Este modelo no busca necesariamente la destrucción física del enemigo mediante tanques o misiles en un campo de batalla tradicional, sino que opera en la llamada "Zona Gris": un espacio intermedio entre la paz total y la guerra abierta.

Guerra Económica y Sanciones:  Estados Unidos utiliza el poder del dólar y su control sobre el sistema financiero internacional (como el sistema SWIFT) como un arma.

Sanciones dirigidas: Bloqueos a países como Irán, Rusia o Venezuela para asfixiar su economía sin disparar una sola bala.

Guerra comercial: Aranceles y restricciones tecnológicas (especialmente contra China y empresas como Huawei) para frenar el avance estratégico del adversario.

Guerra de Quinta Generación (5GW): aquí el campo de batalla es la mente humana. El objetivo es desestabilizar a un país desde adentro mediante la manipulación de la información.

Operaciones de desinformación: Uso de redes sociales y fake news para polarizar a la población, erosionar la confianza en las instituciones o influir en procesos electorales.

Guerra Jurídica (Lawfare): consiste en el uso de sistemas legales y  judiciales como una herramienta de combate político. Se busca inhabilitar o desprestigiar a líderes opositores a los intereses estadounidenses bajo acusaciones de corrupción o irregularidades, logrando cambios de gobierno sin intervención militar directa.

Guerras Subsidiarias (Proxy Wars): en lugar de enviar sus propias tropas, Estados Unidos apoya financiera y militarmente a actores locales o terceros países para que luchen por sus intereses. El apoyo masivo a Ucrania frente a la invasión rusa permite desgastar las capacidades militares de Rusia sin que soldados estadounidenses entren en combate directo.

Para imponer políticas que favorezcan sus intereses, Estados Unidos no siempre necesita una intervención militar directa. En su lugar, utiliza una combinación de incentivos económicos, presión institucional y alianzas estratégicas con élites locales:

El "Consenso de Washington" y Organismos Multilaterales: Estados Unidos ejerce una influencia determinante sobre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Cuando un país latinoamericano atraviesa una crisis de deuda, estos organismos ofrecen préstamos bajo "condicionales. Para recibir el dinero, el gobierno local debe implementar reformas estructurales: privatización de empresas estatales, recortes en gasto público (salud y educación) y apertura total a las importaciones.

Esto permite que corporaciones estadounidenses compren recursos estratégicos (energía, agua, minería) a precios bajos y eliminen la competencia nacional.

El uso del Lawfare (Guerra Jurídica)

Esta es una herramienta clave para remover a gobiernos que se oponen al neoliberalismo y sustituirlos por otros más dóciles.

Se utilizan aparatos judiciales —a menudo entrenados o financiados mediante programas de asistencia de EE. UU.— para perseguir a líderes populares bajo cargos de corrupción.

Se logra la proscripción política de figuras incómodas y se pavimenta el camino para candidatos que prometen "seguridad jurídica" para el capital extranjero.

Alianza con las Élites Locales

Estados Unidos no actúa solo; se apoya en grupos de poder internos (grandes empresarios, dueños de medios de comunicación y sectores financieros) que se benefician del modelo neoliberal.

Muchos ministros de economía y presidentes de bancos centrales en la región son formados en universidades estadounidenses (como la famosa "Escuela de Chicago"), lo que asegura que compartan la misma visión ideológica.

A través de agencias como la USAID o la NED, se financian ONGs y movimientos que promueven agendas de "libre mercado" y desestabilizan proyectos con enfoque nacionalista o socialista.

Tratados de Libre Comercio (TLC): Estos acuerdos a menudo son asimétricos. Estados Unidos ofrece acceso a su mercado, pero a cambio exige:

Protección de patentes: Lo que encarece los medicamentos y la tecnología para el país latinoamericano.

Tribunales de arbitraje: Si un país decide soberanamente cambiar una ley que afecta las ganancias de una multinacional (por ejemplo, una ley ambiental), la empresa puede demandar al Estado en tribunales internacionales (como el CIADI), donde el país suele perder.

Financiero: Deuda y préstamos del FMI. Ajuste fiscal y privatizaciones.

Judicial: Lawfare contra líderes opositores. Cambio de gobierno sin votos ni armas.

Diplomático Sanciones y bloqueos. Aislamiento de gobiernos "rebeldes".

Mediático: Propaganda y desinformación. Creación de consenso a favor del neoliberalismo.

Para asegurar que los países periféricos no se conviertan en competidores directos y se mantengan como proveedores de materias primas o mercados de consumo, Estados Unidos promueve —a través de gobiernos aliados— una serie de políticas diseñadas para frenar la industrialización y la autonomía tecnológica.

Estas políticas actúan como un "techo de cristal" para el desarrollo:

Bloqueo de la Transferencia Tecnológica: En lugar de ayudar a los países a desarrollar su propia tecnología, se imponen reglas que los obligan a ser "usuarios finales" perpetuos.

Propiedad Intelectual Estricta: A través de Tratados de Libre Comercio (TLC), se imponen leyes de patentes que impiden la "ingeniería inversa" o la producción de genéricos (en medicina o software). Esto asegura que el país dependa siempre de licencias costosas de empresas estadounidenses.

Restricción de Tecnologías de Uso Dual: Se limita la venta o el desarrollo local de tecnologías que podrían tener aplicaciones tanto civiles como militares (satélites, energía nuclear, biotecnología avanzada), bajo el argumento de la "seguridad global".

Primarización de la Economía (Extractivismo): los gobiernos alineados suelen desmantelar los subsidios a la industria nacional para enfocarse en la exportación de recursos naturales.

Desindustrialización selectiva: Se eliminan aranceles que protegían a las fábricas locales, permitiendo que productos manufacturados baratos (muchas veces de empresas estadounidenses o sus subsidiarias) inunden el mercado y quiebren la industria nacional.

Especialización obligatoria: Se convence al país de que su "ventaja competitiva" es solo el litio, el petróleo o la soja, desincentivando la creación de valor agregado (por ejemplo, fabricar baterías de litio en lugar de solo exportar el mineral).

Control de Infraestructura Crítica: Estados Unidos presiona para que sus aliados no acepten inversiones en infraestructura de potencias rivales (especialmente China).

El caso del 5G: EE. UU. ha presionado activamente a gobiernos de América Latina para que excluyan a empresas como Huawei. El objetivo no es solo la seguridad, sino asegurar que la columna vertebral de las comunicaciones futuras sea controlada por empresas occidentales.

Se promueven acuerdos para la gestión de puertos o centros aeroespaciales (como el puerto de Ushuaia o bases en Neuquén y Chile), asegurando que el control logístico de rutas estratégicas no caiga en manos competidoras.

Mediante la "Fuga de Cerebros" incentivada a través de programas de becas y visas especiales, se atrae al talento científico y técnico más brillante de los países en desarrollo. El país de origen invierte millones en educar a un científico en una universidad pública, pero al no existir una industria nacional fuerte (debido a las políticas de ajuste), ese profesional termina trabajando en Silicon Valley, beneficiando la economía de EE. UU. en lugar de la propia.

Desprotección de industrias nacientes: Libre mercado total (Apertura). Desaparición de fábricas locales.

Soberanía sobre recursos: Privatización y concesiones largas. Pérdida de renta y control nacional.

Estas políticas crean una trampa de ingresos medios: el país crece un poco, pero nunca logra el salto tecnológico necesario para competir con las potencias, quedando atrapado en un ciclo de deuda y exportación de materias primas.

Además de estas agresiones más o menos solapadas que lleva a cabo Estados Unidos -a menudo con la colaboración de algunos países aliados-, existe una agresión paralela que, a pesar de que no participan los estados en su condición de tales, está íntimamente ligada a las anteriores y persigue los mismos fines. En este caso resulta difícil determinar con precisión quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas. 

Quiénes la llevan adelante son esencialmente grupos económicos y financieros que, además de las funciones que expresamente reconocen y en las que encuentran su razón de ser, desarrollan estrategias para maximizar sus beneficios abusando de un poder y una impunidad que les permite perjudicar a los sectores de la sociedad qué carecen de ese importante poder económico. 

La mayoría de estos grupos económicos y financieros funcionan como empresas transnacionales, aunque esta no es una regla absoluta; cualquier persona, empresa o institución puede llevar adelante estas estrategias siempre y cuando cuente con el capital necesario. 

Los ejemplos más visibles se pueden advertir en las empresas de servicios que forman oligopolios y de las qué la inmensa mayoría de los ciudadanos no pueden prescindir. Bancos, financieras, empresas proveedoras de servicios como energía, comunicaciones, etc. imponen a clientes y usuarios condiciones abusivas que les resultan perjudiciales y que no pueden evadir debido a que estos grupos influyen sobre políticos y jueces para que dicten y apliquen leyes que los favorezcan y dejen desprotegidos a los usuarios. 

Además de estos ejemplos existen casos menos conocidos: Alemania, que se presenta como un ejemplo de país exitoso, enfrenta en la actualidad una crisis de vivienda. El dueño de una de las más importantes empresas constructoras de ese país explicó el problema: para iniciar cualquier emprendimiento se ve obligado a recurrir a un crédito de un banco, que se lleva una parte importante de los beneficios que le reporta la actividad de su empresa e impide de esta manera que el empresario logre formar un capital propio. Muchos empresarios quedan atados a un círculo vicioso que perpetúa su dependencia de los bancos. A su vez estos reciben otro beneficio proveniente de esta actividad, pues los adquirentes de las propiedades deben recurrir a hipotecas para poder adquirir una vivienda. 

Este sistema se sostiene en una complicidad tácita de los distintos factores económicos. Muchas empresas simulan competir entre sí, pero esta competencia está limitada con el fin de que ninguna de ellas tenga pérdidas y todas obtengan beneficios. Otras -como la de el empresario de la construcción qué ha servido de ejemplo- soportan algunos de los perjuicios que los grandes grupos les causan para poder continuar con su actividad recibiendo parte de los beneficios, o en los casos más severos para evitar desaparecer del mercado.  

Los únicos que no pueden evitar ser perjudicados y resultan las verdaderas víctimas de este ataque son los ciudadanos comunes que viven de un trabajo en relación de dependencia o desarrollan una actividad autónoma que no les permite acumular un capital significativo. 

El sistema se sostiene mediante la complicidad de los distintos gobiernos. Al depender de los recursos de los grandes grupos de poder económico, gobiernan únicamente para beneficio de estos, por lo que resultan cómplices y en consecuencia forman parte de los agresores. 

De los dos bandos que participan en esta guerra, el agresor tiene todas las ventajas y las víctimas no tienen ningún recurso para repeler la agresión o protegerse de ella.

LA DEMANDA IMPOSIBLE.

Relataré aquí lo que le sucedió hace muchos años a una abogada recién recibida.

Por pedido de un familiar -y porque aún no había no había conseguido muchos clientes- esta profesional accedió a atender a un sujeto de muy baja condición social y con una educación formal casi nula.

 

Al entrevistar a este potencial cliente, la abogada se encontró con un problema que no pudo resolver: no entendía lo que le pedía este buen hombre. No pudiendo superar esta situación, citó al sujeto para una próxima fecha. Le contó la situación a un abogado amigo con más experiencia, y este aceptó ayudarla estando presente en la próxima entrevista. 

En esa ocasión sucedió lo mismo: era prácticamente imposible entender qué era lo que pretendía lograr el cliente. Finalmente el abogado le hizo una pregunta bastante simple: 

"¿Usted que le quiere pedir al juez?"

La respuesta sorprendió a los abogados:

"Quiero que el juez le ordene a mi mujer que vuelva conmigo".

El abogado le explicó en palabras simples y con toda paciencia que, de todas las medidas que se le podían solicitar al juez, esa era la única que éste no podía conceder. 

Entonces el pobre hombre expresó sus argumentos en contra: 

"Mi mujer me abandonó porque tuvimos una discusión, pero el juez tiene que ordenarle que vuelva conmigo porque es lo que dice la ley. Cuando nos casamos el oficial del registro nos leyó un papel que decía que la esposa tiene la obligación seguir al marido a dónde él vaya. Entonces el juez tiene que ordenarle que vuelva conmigo."

De todas las explicaciones qué le dieron los abogados ninguna lo convenció, y el potencial cliente se retiró decepcionado. 

Si bien la petición de este pobre hombre parece absurda, hoy en día existe un caso similar que se ventila habitualmente en los tribunales: es el de la mujer golpeada que le inicia un juicio a su marido pero sigue conviviendo con él.

Por más resoluciones que emita el juez interviniente, si la convivencia continúa no existe ninguna medida legal capaz de lograr que el sujeto deje de golpearla; la pretensión de la demandante resulta tan absurda cómo la del pobre hombre ignorante del caso anterior, y a pesar de cualquier explicación que se le dé, la víctima sigue actuando como si no entendiera que la única solución posible es la separación.

IOMA y el curro de Máximo Kirchner.

IOMA hace tiempo que niega prestaciones a los afiliados de manera injustificada, hasta el extremo que en muchos casos tienen que recurrir a la vía judicial. El gobernador Axel Kicillof tiene intenciones de presentarse en las próximas elecciones como candidato a presidente de la nación. ¿Por qué no toma medidas con respecto a esta mutual teniendo la autoridad para hacerlo? La actual situación le va a hacer perder votos.

La situación del IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) es uno de los temas más sensibles en la agenda política y social de la provincia de Buenos Aires. La crisis de la obra social, que cuenta con más de dos millones de afiliados, ha generado un fuerte desgaste en la relación entre el gobierno provincial, los profesionales de la salud y los beneficiarios.

Para entender por qué el gobernador Axel Kicillof no ha tomado una medida "drástica" (como una intervención total o un cambio de rumbo estructural) y cómo esto afecta su proyección presidencial, hay que analizar ciertos factores:

El Gobernador ha decidido ratificar el rumbo y a sus funcionarios actuales bajo la premisa de que están "dando una batalla contra las corporaciones médicas". El riesgo es que el deterioro cotidiano de la atención termine pesando más que el discurso político en una eventual elección nacional.

El IOMA es una de las cajas y estructuras más grandes de la provincia. Su dirección está en manos de La Cámpora (Homero Giles es un referente técnico de salud de esa agrupación).

En un contexto donde Kicillof busca proyectarse como candidato presidencial, necesita mantener la cohesión de su coalición interna. Intervenir el IOMA o remover a su cúpula implicaría una ruptura directa con el sector de Máximo Kirchner, algo que el gobernador ha intentado evitar para mantener la gobernabilidad y el apoyo territorial.

La respuesta a por qué el sector de Máximo Kirchner (principalmente a través de La Cámpora) mantiene el rumbo actual del IOMA, a pesar de las críticas, tiene motivos políticos y de caja que se han vuelto centrales en la interna del peronismo.

IOMA no es solo una obra social; es una de las estructuras financieras más grandes de la provincia. Maneja un presupuesto que proviene de los aportes directos de más de 2 millones de afiliados (empleados públicos, policías, docentes).

La creación de un "Sistema Propio": la gestión de Homero Giles (hombre de confianza de Máximo Kirchner) ha impulsado la apertura de cientos de policonsultorios. Buscan reemplazar a las clínicas privadas y a las federaciones médicas (como FEMEBA). Se denuncia que muchos de estos policonsultorios son gestionados por entidades o cooperativas vinculadas a la militancia. Para La Cámpora, esto no es un problema de gestión, sino una "batalla cultural" para estatizar el sistema de salud y eliminar a los intermediarios privados, aunque en el proceso el afiliado pierda a su médico de toda la vida.

En la interna actual entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el IOMA es un territorio que pertenece al segundo. Tener el control de la obra social le da al sector de Máximo Kirchner un poder de presión sobre los intendentes y sobre el propio Gobernador. Si Kicillof intentara "solucionar" el problema interviniendo el organismo o echando a su cúpula, rompería definitivamente su alianza con La Cámpora, algo que hasta ahora no se ha atrevido a hacer para no fracturar el gobierno provincial.

La Cámpora no soluciona el problema de la manera que el afiliado espera (pagando a las clínicas y restableciendo convenios) porque su solución es otra: forzar el colapso del sistema tradicional para obligar a los afiliados a usar su propia red de policonsultorios y así consolidar un modelo de salud bajo control político directo.

Para entender quién "gana" con la actual gestión del IOMA por parte de La Cámpora, hay que mirar más allá de la atención médica y enfocarse en la estructura de poder y el manejo de fondos que la agrupación está construyendo.

Uno de los puntos más polémicos es la aparición de la ACEAPP (Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados). Funciona como una intermediaria que administra los nuevos policonsultorios que IOMA inaugura. En lugar de que el IOMA pague directamente a los médicos o clínicas tradicionales (donde no tiene control político), el dinero fluye hacia esta asociación. Se han denunciado conflictos de intereses, ya que personas vinculadas a esta asociación también dirigen empresas privadas que prestan servicios a la misma red. Muchos de estos centros son vistos como "unidades básicas de salud" donde la agrupación tiene control total sobre quién trabaja, qué se compra y cómo se atiende.

La medida más cuestionada es la creación de la ACEAPP (Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados), una entidad que funciona como intermediaria entre el IOMA y los nuevos policonsultorios. La presidenta de esta asociación, Silvana Fontana, es una médica pediatra vinculada a La Cámpora y exfuncionaria de salud. Se la acusa de manejar una empresa privada (RM Salud) que a su vez gestiona policonsultorios que cobran del IOMA a través de la misma ACEAPP que ella dirige. Mientras el IOMA corta convenios con instituciones históricas alegando falta de fondos, deriva millones de pesos a esta asociación para que administre la nueva red. Al romper con federaciones médicas (como FEMEBA) o clínicas locales, el IOMA "asfixia" financieramente a los prestadores tradicionales. Al quedar el afiliado sin opciones, se lo empuja a atenderse en los policonsultorios de la red ACEAPP.

IOMA es una fuente masiva de empleo y presencia territorial. El control de las delegaciones regionales permite a la agrupación colocar cuadros políticos en puestos clave en toda la provincia. Esto les da una capilaridad territorial que pocas instituciones ofrecen, algo vital para una organización política. El manejo de una caja de miles de millones de pesos (que se alimenta del descuento obligatorio a estatales) le da al sector de Máximo Kirchner una autonomía financiera enorme frente a otros sectores del peronismo y frente al propio Kicillof.

Para La Cámpora, el éxito no se mide en la satisfacción del afiliado: buscan que esos prestadores quiebren o se vean obligados a aceptar las condiciones del Estado, logrando así un sistema donde el único prestador sea el controlado por ellos.

Al entregarle esta caja y este poder a Máximo Kirchner, el gobernador evita (o pospone) una ruptura total con el kirchnerismo duro que podría paralizarle la Legislatura o el territorio. Es un "pago" político para poder seguir gobernando y soñar con su candidatura presidencial.

En resumen: Ganan los intermediarios amigos que gestionan la nueva red, los cuadros políticos que ocupan la estructura y el proyecto ideológico que busca eliminar la medicina privada, aunque en el medio el afiliado pierda servicios básicos.

Esto permite que un pequeño grupo de prestadores alineados políticamente se quede con la "exclusividad" de una masa de 2 millones de afiliados. Es un traspaso de recursos desde el sistema de salud diverso hacia una estructura controlada por la militancia. Existe una denuncia recurrente de que los fondos de los afiliados (que deberían usarse para prótesis o tratamientos oncológicos) se utilizan para sostener la estructura política. Se acusa al gobierno de usar el dinero del IOMA para cubrir baches del presupuesto general de la provincia o incluso para financiar actividades proselitistas de La Cámpora, especialmente en años electorales. Se han denunciado compras millonarias de insumos o servicios (como juguetes para eventos o cartelería) en plena crisis prestacional, lo que refuerza la idea de que la prioridad no es la salud del afiliado, sino la salud financiera de la agrupación.

Desde su perspectiva, lo que los afiliados llaman "problema", ellos lo llaman "reforma del sistema". Prefieren que el sistema tradicional colapse para que solo quede en pie su red propia. En ese esquema, el "beneficio" es doble: económico (control de la caja) y político (dependencia total del afiliado hacia el Estado/Agrupación). La sospecha de beneficios para "amigos" no es solo una teoría, sino que está documentada en denuncias sobre la falta de licitaciones transparentes y el crecimiento de empresas prestadoras manejadas por exfuncionarios y militantes.

Cuando se profundiza en la investigación de este tema, se advierte que una propuesta que puede ser efectiva y razonable -pues mejoraría la situación económica de IOMA y el servicio a sus afiliados obligando a competir a FEMEBA y otros prestadores con una red independiente- tiene por verdadero fin llenar los bolsillos de una agrupación política. Estos conflictos de naturaleza económica son los obstáculos para que el peronismo conforme un frente unificado que posibilite ganar las próximas elecciones presidenciales a Axel Kicillof, el único candidato con posibilidad de conseguir el caudal de votos necesarios para el peronismo.

Este es un ejemplo más qué deja en evidencia los motivos del desastroso desempeño del peronismo desde el año 2015. Determinados grupos impusieron la candidatura de Daniel Scioli -un candidato con pésima imagen- llevando al Frente para la Victoria a la derrota. En 2919 impusieron a Cristina Fernández un candidato de dudosa orientación política como Alberto Fernández -que en realidad actuó como testaferro de Sergio Massa y solo aportó un apoyo relativo de Clarín- cuya gestión, marcada por su obediencia al establishment que impidió los aumentos de sueldo necesarios, llevó a la última derrota electoral al peronismo.

Resulta entonces que estos sectores -que son supuestos peronistas o supuestos aliados- reciben influencias, cargos y cajas extorsionando con la amenaza de no apoyar el partido,  sea con la presentación de un candidato presidencial independiente o directamente con pasarse al bando contrario: Sergio Massa es el mejor ejemplo, pero otros referentes no se quedan atrás.

Es así como los argentinos debimos soportar desde el 2015 los perjuicios que nos han causado dos gobiernos de derecha y un gobierno pseudo peronista infiltrado por representantes del establishment.

Ante el fracaso de la democracia representativa liberal, alguien debería pensar en algún sistema de gobierno que la reemplace y que evite repetir los vicios de los gobiernos conformados por políticos tradicionales.