El desapego a la ley, el autoritarismo y el bajo nivel de los jueces no es un fenómeno que afecta únicamente a Argentina; ha quedado en evidencia que esto también sucede en Brasil. El caso de la turista argentina detenida bajo la acusación de haber tenido expresiones racistas en un episodio que se presenta bastante dudoso permite analizar la conducta del juez interviniente.
Supuestamente ese cargo exige para su desempeño que este funcionario tome una decisión ante un caso fundándose en las pruebas obrantes en el expediente y en la aplicación de la ley y de los principios generales del derecho. En otras palabras, debe tener en cuenta las alegaciones de la acusación en la misma medida de las que la imputada, y debe aplicar tanto las normas que fundamentan la acusación como las que favorecen a la defensa. En el caso de autos se trata de una injuria provocada por tres agresores, y esta circunstancia según la ley debe disminuir y en algunos casos impedir la condena, y amerita una investigación sobre actitudes de los denunciantes que también pueden ser delito. Pero el juez de autos, en vez de apegarse a la ley y fallar conforme a derecho exige una disculpa de la imputada; no lo hace públicamente porque quedaría en evidencia ya que el pedido de disculpas no está fundado en ninguna norma y por lo tanto no es legalmente exigible. En consecuencia el funcionario deja trascender que atenuaría la pena ante una actitud genuflexa de la imputada.
Hasta aquí tenemos un juez que se excede en sus funciones para demostrar su poder, lo que ya es cuestionable. Pero lo más grave es que todos se ven obligados a entrar en su juego. La abogada, en lugar de ejercer su función que es la defensa técnica de la acusada le sugiere que acepte la condición injustificada que fija el juez. Ningún medio de comunicación argentino cuestiona la inusual propuesta y la mayoría la apoya. Un expresidente argentino, profesor de derecho penal, se comunica con un funcionario influyente de Brasil y este le manifiesta claramente la condición que impone el juez y promete la atenuación de la sentencia si la acusada la cumple. Esta actitud del gobierno brasilero no está motivada por la conmiseración o por la amistad entre dos funcionarios: una condena que según el punto de vista de los argentinos fuera demasiado severa para ese tipo de delito afectaría al turismo que en la actualidad deja una importante cantidad de divisas en el país limítrofe. La cuestión se resuelve en una forma que todos ganan: el juez demuestra autoridad, la tarea de la abogada se facilita, la gestión oficiosa beneficia la imagen de los funcionarios de ambos países, el turismo no se resiente y la acusada recibe una pena atenuada que le permite regresar a su país.
La objeción que se puede hacer está relacionada con el tema de la justicia; esta ha sido definida como un "ideal irracional" debido a que, a nivel individual cada ciudadano tiene su propia opinión sobre lo que es justo y lo que no -que no necesariamente deriva de una reflexión correctamente razonada- y que a nivel colectivo surge de un consenso en el que la ciudadanía se expresa sobre lo que considera injusto a través de la ley. Cuando un juez se aparta de ella, su sentencia no es justa, independientemente de su opinión personal y de las cuestiones extrajurídicas que puedan influir en el fallo.
La generalización de este proceder de los jueces y la tolerancia de la sociedad ante este fenómeno son la causa de la inseguridad jurídica que afecta a todos los estamentos: basta recordar que un ciudadano declarado culpable por los estratos más altos de la justicia brasileña hoy en día es el presidente del país.
